una marcha por la dignidad y la recuperación de derechos:

Dejo la noticia de Stop Desahucios Córdoba 15mcordoba.net, en la cual se recoge la última campaña de interés en la Lucha de nuestros derechos fundamentales.

Sólo pido, que todo aquel que pueda, esté en la salida para dar su apoyo, y ánimo a los participantes de esta marcha tan importante:

"CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR"; Las personas que solidariamente nos ayudan, ayudamos  con este tema, y recalco, solidariamente hay muchos temas abiertos, pero sin viviendas poco podremos desarrollar nuestra actividad laboral normal y diaria, somos consientes de que SI SE PUDE, PERO NO QUIEREN, así que sólo nos queda nuestra propia lucha.......

Ánimo.....compañeros

Viaje (Andando) Por La Dignidad Y La Recuperación De Nuestros Derechos Desde Córdoba A Bruselas

El próximo lunes, 1 de julio, a las 8:30 de la mañana, un grupo de personas de la Plataforma “15M Stop Desahucios Córdoba” comienza su marcha andando por la dignidad y la recuperación de nuestros derechos, primero a Madrid y después aBruselas pasando por Barcelona.

El objetivo de este viaje la denuncia ante los dos Parlamentos, español y europeo, por el ataque brutal a la juventud, a las familias españolas por parte de la banca y de la troika, contra los desahucios, contra el paro, la pobreza y la marginación a la que están llevando a la mayoría de las familias españolas.

En el camino nos encontraremos con las familias de las diferentes plataformas de afectados por las hipotecas, pararemos en los pueblos y nos entrevistaremos con la población para hablar del grave problema que afecta a todas las familias.

Desde la Plataforma hemos preparado el recorrido, concretando con alcaldes y colectivos el recibimiento a la marcha, les solicitaremos apoyo y colaboración para con nuestros compañeros y compañeras.

Tenemos que frenar la barbarie provocada por el gobierno ilegitimo del presidente Rajoy, que está incumpliendo con la constitución, derechos humanos, acuerdos internacionales, etc.

Saldremos desde la calle Cártago esquina con 28 de febrero, de la casa de nuestro compañero Fran, un pequeño homenaje de los caminantes y la primera parada será en Villafranca, donde el banco le quitó su casa.

Te animamos a que estés presente en la salida de la marcha para apoyar a estos héroes y heroínas que van a hacer este esfuerzo luchando por nuestros derechos.

La vivienda y el Gobierno inversamente proporcionales.

Autor: Rafael Conejo Lama.   

El mes pasado escribí sobre la demanda del alquiler social. Los caminos del ciudadano van por ahí, ya que la gran mayoría que están sin casa propia, otra gran mayoría que han perdido la suya, en definitiva hace que España, la sociedad, piense en el alquiler como opción de vida. 

Nada más lejos de eso, el gobierno lo pone más difícil, no sólo hace nada para que podamos obtener un alquiler social, ¡ y mira que hay viviendas vacías !, a eso le sumamos que aun los que puedan permitirse un alquiler, ahora tienen una la nueva Ley que ha aprobado el gobierno para proteger, según dicen ellos, pero al final de esta noticia y de la transcripción de la misma que dejaré publicada por la PAH, pueden acceder la ley y ustedes mismos juzguen, para la reflexión.

La nueva ley de alquiler antepone los privilegios de una minoría a los derechos de la ciudadanía

La reforma de la ley de alquiler (LAU) persiste en la vulneración del derecho a la vivienda

Primero concedieron hipotecas abusivas. Luego desahuciaron, se quedaron con los pisos y continuaron reclamando una deuda criminal. Con la entrada en vigor de la nueva ley de alquiler (LAU) se anteponen de nuevo los intereses de los nuevos propietarios, los bancos, por encima del derecho a una vivienda digna de la ciudadanía.

Reproducimos el comunicado emitido por el Observatori DESC al que nos adherimos desde la PAH.

El Congreso aprueba hoy una reforma del mercado de alquiler que atenta contra la seguridad jurídica de los inquilinos

El Congreso de los Diputados aprueba hoy una reforma en materia de alquiler que supone un nuevo golpe al derecho a la vivienda. Con la fórmula “dinamizar el mercado de alquiler” el Congreso de los Diputados aprueba una nueva vulneración del derecho a la vivienda: la reforma de la ley de alquiler debilitará aún más la posición de los inquilinos, criminalizará los impagos por razones de necesidad y facilitará los desahucios exprés.

En el actual contexto de crisis los desalojos por impago de la hipoteca y los desalojos por impago de alquiler son dos caras de una misma moneda: la vivienda como mercancía. A la tragedia de los desahucios por ejecuciones hipotecarias se añadirá la de aquellas personas y familias que, en el contexto de la crisis, son incapaces de pagar el alquiler. El Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Vivienda modifica la legislación de arrendamientos urbanos y la legislación de enjuiciamiento civil sin tener en cuenta la condición socio-económica de los inquilinos. La reforma tiene dos finalidades básicas:

• Reducir de 5 a 3 años el contrato de alquiler y facilitar los incrementos ilimitados de la renta. Cada tres años se podrán producir subidas indiscriminadas de la renta o se podrá cancelar el contrato de alquiler sin tener que justificar la necesidad de recuperar la vivienda. La consecuencia para las unidades familiares es de gran inseguridad ya que difícilmente podrán proyectarse de forma mínimamente estable en un hogar por periodos de 3 años. Además, la reforma desvincula la actualización de la renta del aumento del Índice de Precios al Consumo, IPC, y prevé que arrendador y propietario decidan “libremente” qué criterio aplicar. Después de ver los abusos generados por la supuesta libertad contractual en el ámbito hipotecario, no sería de extrañar la firma de contratos de alquiler con criterios de actualización de la renta manifiestamente inalcanzables. A ello se suma la incorporación de nuevos motivos que posibilitan la interrupción del contrato de alquiler y que significan una mayor vulnerabilidad del inquilino.
• Permitir los desahucios por impago de un solo mes de alquiler y crear un registro de morosos – “registro de sentencias firmes de impago de alquiler” – en el que durante 6 años constarán los datos de las personas que no han satisfecho las rentas del alquiler. El registrovulnera el derecho a la intimidad y la protección de datos y condenará las personas afectadas a la exclusión habitacional y supone un paso más en la criminalización de las personas afectadas por la crisis.

La propuesta de reforma no hace ninguna mención a la situación de las familias que con motivo de la crisis ven materialmente imposible pagar el alquiler. Tampoco establece ninguna diferencia entre los impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los impagos de alquiler que repercuten en pequeños propietarios.

La reforma, finalmente, establece privilegios inaceptables para los grandes grupos económicos y financieros que especulan con este bien de primera necesidad, a quienes se privilegia con importantes deducciones fiscales.

En el contexto actual, una política de este tipo resulta suicida y se aleja notablemente de las prácticas de los países más avanzados en la materia, donde además de disponer de un parque de vivienda social de alquiler en el que alojar a las personas empobrecidas, se contemplan medidas de intervención en el mercado privado de alquiler. Esto es lo que sucede en Francia, por ejemplo, donde el 20% del parque inmobiliario son viviendas sociales de alquiler, y donde se prohíben los desalojos durante el invierno. En Alemania, por su parte, existen límites a los precios del mercado privado de viviendas que impiden procesos especulativos como los que se han vivido en el estado español.

Para “dinamizar el mercado de alquiler” bastaría con forzar el alquiler social de las viviendas en manos de grandes propietarios y de entidades financieras, cuando menos de las que están siendo apuntaladas con recursos públicos. Las mismas entidades bancarias reconocen tener en propiedad más de un millón de viviendas vacías.

El Observatorio DESC y la PAH denuncian la reforma aprobada por el Congreso de los Diputados como una grave vulneración del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado español e instan a los poderes públicos a emprender acciones para garantizar este derecho fundamental.

Consultar el texto aquí